La disputa por el control del agua comienza a partir de la década de los 90, en donde se preparan las condiciones para el denominado mercado internacional de aguas. Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), han presionado sistemáticamente a los países en vías de desarrollo para que introduzcan dentro de sus ordenamientos jurídicos mecanismos tendientes a la privatización de los recursos hídricos, a favor de grandes corporaciones internacionales.
En el Ecuador este modelo privatizador obedecen a intereses internos y externos en el marco de la política neoliberal implantada desde los años 80. Por ejemplo, en nuestra legislación la Constitución Política en el artículo 249 establece que “será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones…” el problema se manifiesta cuando el Estado tiene la facultad de delegar la prestación de estos servicios a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaría o cualquier otra forma contractual” lo que conjuntamente con una institucionalidad debilitada y fraccionada, crea las condiciones propicias para la privatización.
En este contexto, en el Ecuador, varias organizaciones, indígenas, ambientalistas, ONGs, preocupadas por este grave problema, han desarrollado una serie de propuestas en el marco del la Asamblea Nacional Constituyente para que se introduzca al agua como un derecho dentro de la Nueva Constitución, muchas de las propuestas coinciden en los siguientes puntos
Sin embargo, nos queda mucho por recorrer y la lucha recién empieza, tomando en cuenta, que el agua es un bien estratégico en disputa y se ha constituido en el eje transversal para el desarrollo de industrias como la minera, la petrolera, la hidroeléctrica y sobre todo la agrícola. En relación a la minería, en nuestro país existe alrededor de 4.200 concesiones mineras y hay una fuerte posición por parte del oficialismo de crear un mandato minero que posibilite la extracción de oro, cobre y plata y otros minerales, a través de la minería a cielo abierto, que en los actuales momentos se dice ser la mejor opción para el desarrollo de nuestro pueblo, todo esto sin tomar en cuenta los graves problemas de contaminación, pérdida de las fuentes de agua, desplazamiento de los pueblos, pobreza, y muerte que estas grandes industrias extractivas han ocasionado en países como Perú y Bolivia.
De la misma manera, la generación de megaproyectos hidroeléctricos en el país esta ocasionando graves problemas, específicamente a poblaciones indígenas y campesinas, que habitan en los páramos, ya que estas empresas hidroeléctricas utilizan ingentes cantidades de agua para la generación de electricidad, ocasionando perdida de la soberanía alimentaría de los pueblos que habitan estas zonas
Por tal motivo, voces de resistencia han nacido en todo el mundo y América Latina no es la excepción, la lucha por la defensa de la naturaleza y el agua ha conquistado reivindicaciones importantes, como por ejemplo el que dentro de la Constitución de Uruguay y Bolivia se haya introducido al agua como un derecho humano fundamental. En el Ecuador esta lucha esta en proceso.
Milton
CDES